La energía eólica puede contribuir a generar puestos de trabajo y considerables ingresos económicos en Cataluña. Sin embargo, la aplicación del nuevo RD1/2012 deja al sector eólico sin el marco regulador necesario para llevar a cabo las inversiones en parques eólicos y los planes industriales asociados. Un informe de Deloitte cuantifica el impacto que este nuevo marco regulatorio puede tener en Cataluña.
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¿Cuál es el objetivo del Real Decreto - ley 1/2012, de 27 de enero?
El objetivo de este decreto es la "supresión de los incentivos económicos para las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial". Entre estas instalaciones figuran los parques eólicos.
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¿Cuáles son los incentivos económicos de los que se benefician los parques eólicos?
Los parques eólicos sujetos al régimen especial de producción eléctrica tienen el derecho a percibir un complemento por la energía que venden al mercado eléctrico o pueden venderla a una tarifa fija regulada.
La tarifa fija regulada para el año 2012 de las instalaciones existentes es de 8.1270c€/kWh. El precio abonado por el usuario doméstico acogido a la Tarifa de Último Recurso sin discriminación horaria para el 2012 es de 14.2319c€/kWh.
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¿Qué impacto tendrá el nuevo decreto en Cataluña?
Un informe socio económico encargado por la asociación empresarial EOLICCAT y realizado por la consultora Deloitte indica que el decreto tendrá los efectos siguiente:
- Dificultad en la consecución de los objetivos de potencia instalada establecidos en el Plan de la Energía de Cataluña 2006-2015
- Reducción de la contribución directa del sector eólico en el PIB catalán del 2015 de 135.8m€2010
- Reducción de la contribución de otros sectore al PIB catalán del 2015 de 33.9m€2010
- Puesta en riesgo de la creación de 3,582 puestos de trabajo
- Efectos adversos en la inversión en Investigación y Desarrollo y menor recaptación fiscal
- Aumento de la dependencia energética en 502000 tep respecto las previsiones del Plan
- Pérdida de la posibilidad de desarrollo de un sector innovador
- Mayor incertidumbre regulatoria que impide tomar decisiones de inversión a medio y largo plazo
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